En agosto, el régimen intensificó los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, que impactaron a 70 víctimas, de acuerdo al informe correspondiente a ese período de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP).
La organización, asentada en Miami, recolectó en total 138 violaciones a los derechos humanos que afectaron a 89 hombres y 24 mujeres.
“Agosto mostró con claridad cómo el régimen cubano utiliza las cárceles como centros de castigo político”, indicó a Martí Noticias, el director del Centro de Denuncias de la FPD, Juan Carlos Vargas.
El mayor número de transgresiones contra las libertades ocurrieron en La Habana, Matanzas y Camagüey, según el Centro de Denuncias de la FDP.
“Más allá de las cifras que documentamos en nuestro informe, lo que preocupa es el patrón de violencia: presos políticos enfermos sometidos a aislamiento, mujeres devueltas a prisión sin recuperarse de operaciones, y activistas desaparecidos para luego ser procesados con cargos inventados”, detalló Vargas.
El reporte destaca que, en agosto, las autoridades recrudecieron la represión contra los presos políticos, aplicando malos tratos, e incluso tortura, de manera sistemática.
La Fundación para la Democracia Panamericana destacó en su compilación que los funcionarios penitenciarios estimulan el deterioro de la salud de los presos políticos José Daniel Ferrer, a quien a menudo suspenden las visitas familiares que lo proveen de alimentos, y a Félix Navarro, a quien no le proporcionan la atención médica adecuada a sus padecimientos crónicos.
Igualmente, subraya que la presa política Sissi Abascal fue regresada al centro penitenciario, donde cumple su sentencia, sin que se cumpliera el tiempo requerido para su recuperación tras una cirugía en un hospital matancero.
También denuncia que el activista Mario Alberto Hernández Leyva está sujeto a una nueva causa penal por lo que consideran como “cargos fabricados”.
“Estos hechos constituyen violaciones graves de derechos humanos y reflejan el uso sistemático del encarcelamiento, la tortura y el maltrato como herramientas de terrorismo de Estado contra quienes ejercen su derecho a la disidencia pacífica”, concluye el informe.
“Desde el Centro de Denuncias FDP insistimos en que la comunidad internacional no puede normalizar que la tortura y el maltrato se utilicen como política de Estado en Cuba. Documentar, denunciar y acompañar a las víctimas sigue siendo nuestra tarea urgente”, recalcó Vargas.