El juicio contra 15 de los participantes de las protestas de marzo de 2024, en Bayamo, provincia Granma, se inició el martes en el Tribunal Municipal.
La fiscalía pide para ellos entre siete años de privación de libertad y dos de prisión domiciliaria por delitos como desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, portación y tenencia ilegal de armas, desobediencia e instigación a delinquir, informó el Tribunal Supremo de Cuba.
"Repiten los mismos patrones que hemos identificado en otras sentencias y peticiones fiscales emitidas contra manifestantes y es el uso de un lenguaje estigmatizante”, dijo a Martí Noticias Giselle Morfi, jefa del equipo de abogados del centro de asesoramiento legal Cubalex.
“Se habla de disturbios, de vandalismo, de agresiones contra la autoridad, colocando a los manifestantes, per se, como delincuentes, sin tener en cuenta el derecho a la presunción de inocencia, que se está violando y que además están dando el indicio de que ya todos estos fallos están prejuzgados, ya hay una sentencia dictada y queda clarísimo en el mensaje publicado en el periódico Granma”, dijo la jurista.
Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2024, cuando cientos de bayameses salieron a las calles a reclamar cambios en el sistema del país.
Con gritos de “Abajo la dictadura”, “Libertad”, “Patria y Vida”, y otras consignas, los manifestantes, exigieron comida y electricidad.
De las demostraciones de ese día en la capital granmense, fueron detenidas 16 personas, trece de ellas recibieron la medida cautelar de prisión provisional.
Daniellys Jorge Puig, 3 años de cárcel.
Lázaro Armando Morales Romero, 3 años de cárcel.
Odalys Zamora Rondón, 7 años.
David Alexander Téllez Pérez, 4 años.
Mario Luis Espinosa Cedeño, 5 años.
René Aguilera Aguilar, 6 años.
Duaniel de Jesús Carmona Verdecia, 2 años de prisión domiciliaria.
Rangel Miguel Domínguez Reyes, 3 años de prisión domiciliaria.
Osvaldo Núñez Villavicencio, 5 años de cárcel.
Jesús de Nazaret Alzuaga Almaguer, 3 años.
Frankie Carmona Arias, 3 años.
Reinaldo Lucas Leyva Romero, 3 años.
Antonio Zamora Blanco, 3 años.
Angel Luis Céspedes Cruz, 3 años.
Pedro de Jesús Martínez Rivero, 3 años.
Jorge Alexis Milanés Cedeño, 3 años.
La vista oral se realiza de manera parcial, contra 15 de los 16 acusados, comunicó el órgano judicial.
La abogada señaló que se reitera otro esquema, el de la criminalización de la protesta: “En ningún momento se habla de un ejercicio legítimo de derechos fundamentales como la libertad de expresión, como la manifestación, la libertad de pensamiento, la reunión pacífica, el derecho a exigir la rendición de cuentas a las autoridades, el derecho a un debido proceso. Son catalogados, ya, como disturbios”.
También “llama la atención la opacidad en el escrito, como estamos, lamentablemente, acostumbrados. No se precisan los cargos de los funcionarios que están a cargo, ni de los jueces, no se precisan cuáles son las peticiones fiscales”, agregó.
“La misma historia de siempre. El mensaje sigue siendo el mismo: ‘no protestes’”.
El enjuiciamiento a los manifestantes se desarrolla en un entorno en el que la crispación y el malestar de las personas alcanza altos decibeles a nivel social debido a la exacerbada crisis energética y de agua, la falta de alimentos y el colapso sanitario.
El régimen se ha blindado para juzgar a los acusados por las demostraciones y ha rodeado el recinto judicial con efectivos policiales, de la Seguridad del Estado e incluso, de los cuerpos especiales del Ministerio del Interior (MININT).
“Lo primero es recalcar el carácter politizado y arbitrario de estos juicios contra personas que solamente ejercieron su derecho a manifestarse libremente, a protestar por situaciones críticas que le afectan su vida”, puntualizó el periodista camagüeyano exiliado, José Raúl Gallego.
“Lo segundo es que el hecho de que aparezca esta información en los medios oficialistas, no es casual. Es una estrategia para amedrentar a la población, amedrentar a la ciudadanía, que en estos momentos se está enfrentando a apagones de más de 30 horas y que en algunos lugares, como pasó en Gibara han existido ya focos de protestas.
“Utilizan los medios de prensa, que es una de las funciones que le dan ellos a los medios de propaganda dentro de los sistemas totalitarios para amedrentar e intimidar a la ciudadanía”, recalcó Gallego.
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